La violencia "consensuada" y la violencia prohibida

Por Partido Guevarista 

Son tiempos complejos los que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo. Hay un avance de la globalización imperialista y profundización de la crisis del sistema capitalista. La denominada “derechización” de la sociedad está directamente vinculada a este cuadro mundial y local. La clase dominante, para garantizar su dominación, recurre a dos elementos (como estacas que se clavan en la montaña para poder escalar): la represión y el miedo (fundamentalmente a través de los medios masivos de comunicación y las redes sociales).

La clase dominante ejerce su poder a través del Estado y lo garantiza con las fuerzas represivas, las leyes, las cárceles y los funcionarios. Y lo lleva a cabo tanto en una democracia burguesa (republicana, parlamentaria o monárquica) como a través de un gobierno dictatorial cívico-militar. La clase dominante, para defender sus intereses de clase (fundamentalmente económicos), cuando considera que debe matar lo hace sin piedad. Eso lo vivimos los argentinos en 1976 cuando los grandes capitalistas nucleados en la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE) planificaron el golpe de estado en connivencia con los cuadros militares de las fuerzas armadas entrenados por Estados Unidos y Francia en la lucha antisubversiva.

Golpe militar que buscaba defender, a sangre y fuego, sus intereses económicos inmediatos frente al creciente nivel de conciencia y movilización de los trabajadores y el pueblo que, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, frenaron un paquete de medidas de corte neoliberal conocido como el “Rodrigazo” impulsado por el entonces ministro de economía Celestino Rodrigo. Y fue precisamente de esa entidad “gremial” de los capitalistas, APEGE (que llevó a cabo la primer “huelga” empresaria en febrero de 1976), de donde emergió el tristemente célebre José Antonio Alfredo Martínez de Hoz, ministro de economía de la dictadura cívico militar.

Éste impulsó una serie de medidas económicas de profundo carácter al que aún permanecen vigentes, como la Ley de Entidades Financieras o las leyes de tercerización laboral que ningún gobierno democrático burgués, desde 1983 hasta hoy, se atrevió a anular. O que incluso algunos profundizaron en la misma dirección, como los gobiernos de Menem y De la Rúa. Pero para llevar a cabo las medidas económicas y sociales, a costa de los trabajadores y el pueblo, con el propósito de sortear las crisis cíclicas del capitalismo a escala mundial y que también afectaban a nuestro país, fue necesario implementar una metodología de shock que anulara el avance de las fuerzas trabajadoras y populares.

Metodología que se había inaugurado en Chile con Pinochet y que se extendió por toda Latinoamérica: la desaparición y el asesinato de luchadores políticos y sociales, así como de personas que no estaban directamente vinculadas a ningún tipo de organizaciones políticas. Comenzó a aplicarse un nuevo tipo de VIOLENCIA desde la clase dominante: EL TERRORISMO DE ESTADO. Esta práctica llegó para instalarse. No sólo ha producido, durante la dictadura. 30.000 desaparecidos, 400 bebés robados y miles de mutilados física y psicológicamente, sino que ha persistido a lo largo de los 34 años de democracia burguesa. El balance de esta última, según nos informa la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), nos muestra la friolera de 4.644 casos de asesinados por gatillo fácil y tortura en lugares de detención, 70 asesinados en movilizaciones populares y 200 desaparecidos.

Recordamos a Víctor Choque, María Teresa Rodríguez, Luciano Arruga, Silvia Suppo, Carlos Fuentealba, Kosteki y Santillán, Julio López y los cuarenta compañeros y compañeras asesinados en las trágicas jornadas de diciembre de 2001. El último caso, de mayor resonancia, fue la desaparición y posterior asesinato del joven Santiago Maldonado en manos de la Gendarmería Nacional en el marco de la represión al pueblo Mapuche que defendían su derecho a permanecer en sus tierras ancestrales, hoy vendidas a Benetton y a Lewis entre otros.
La violencia no existe de manera pura. Tiene un carácter de clase, ya sea que la ejerza la burguesía para perpetuar su dominio o que la ejerza el proletariado como clase explotada para liberarse de esa dominación. Y la violencia se ejerce en distintos ámbitos: político, social, gremial, económico, familiar, de género, sexual, físico, psicológico, comunicacional, etc.

Pero el elemento más determinante es el carácter de clase. Así, entonces, a la violencia física mediante el terrorismo de Estado se le suma la violencia ideológica y psicológica que se ejerce a través de la diversidad de medios masivo de comunicación y de las redes sociales y que justifica de diversos modos, con diversas justificaciones y argumentaciones a la violencia física ejercida por la clase dominante a través del Estado. Y justifica, además, la violencia que se ejerce sobre los trabajadores y el pueblo cuando se le recortan derechos, se le quitan conquistas alcanzadas, se mutilan sus ingresos, su acceso a la salud, a la educación, en definitiva, a una vida digna. Y de esta manera la clase dominante sigue engrosando sus riquezas a costa de la pobreza y la miseria de la inmensa mayoría del pueblo argentino.

Se busca deslegitimar la reacción lógica de los trabajadores y el pueblo ante tanta explotación. Se los divide. Se los enfrenta uno con otros para minar sus fuerzas y continuar siendo débiles frente a la violencia de arriba. Ser complacientes con esta violencia organizada desde la clase dominante a través del Estado significa no defender los intereses de los trabajadores y el pueblo. No son “trabajadores” quienes integran las fuerzas represivas. Son mercenarios, sicarios, terroristas y fieles servidores de los intereses antiobreros y antipopulares. Solo se los podrá considerar parte de la clase obrera y el pueblo cuando sus armas apunten hacia quienes hoy les dan la orden de reprimir. Son las mismas fuerzas represivas que “vestidas de civil” promueven disturbios para deslegitimar las movilizaciones populares y “justificar” la represión a las mismas. A la vez que fomentan el miedo. 

Pero así como es necesario organizarse para defender nuestras conquistas y nuestro derecho a luchar por una sociedad sin explotadores ni explotados, también es necesario que nos defendamos de la represión organizada desde el Estado, y debemos hacerlo organizadamente. Todas y cada una de las organizaciones políticas, gremiales y sociales que se manifiestan contra el actual estado de cosas tienen también la obligación de aportar a la defensa integral de quienes reclaman. No podemos permitir que nos sigan matando a compañeras y compañeros o encarcelándonos por reclamar nuestro derecho a una vida digna y a cambiar esta sociedad que se basa en la explotación del hombre por el hombre. La lucha de clases, entonces, es violenta. Y no debemos temerle a la violencia si la utilizamos para defendernos hoy, y defender nuestra lucha hacia la conquista del Poder y la construcción del Socialismo.


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