La violencia "consensuada" y la violencia prohibida
Son tiempos complejos los que
estamos viviendo en nuestro país y en el mundo. Hay un avance de la
globalización imperialista y profundización de la crisis del sistema
capitalista. La denominada “derechización” de la sociedad está directamente
vinculada a este cuadro mundial y local. La clase dominante, para garantizar su
dominación, recurre a dos elementos (como estacas que se clavan en la montaña
para poder escalar): la represión y el miedo (fundamentalmente a través de los
medios masivos de comunicación y las redes sociales).
La clase dominante ejerce su
poder a través del Estado y lo garantiza con las fuerzas represivas, las leyes,
las cárceles y los funcionarios. Y lo lleva a cabo tanto en una democracia burguesa
(republicana, parlamentaria o monárquica) como a través de un gobierno
dictatorial cívico-militar. La clase dominante, para defender sus intereses de
clase (fundamentalmente económicos), cuando considera que debe matar lo hace
sin piedad. Eso lo vivimos los argentinos en 1976 cuando los grandes
capitalistas nucleados en la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales
Empresarias (APEGE) planificaron el golpe de estado en connivencia con los
cuadros militares de las fuerzas armadas entrenados por Estados Unidos y
Francia en la lucha antisubversiva.
Golpe militar que buscaba
defender, a sangre y fuego, sus intereses económicos inmediatos frente al
creciente nivel de conciencia y movilización de los trabajadores y el pueblo
que, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, frenaron un paquete
de medidas de corte neoliberal conocido como el “Rodrigazo” impulsado por el
entonces ministro de economía Celestino Rodrigo. Y fue precisamente de esa
entidad “gremial” de los capitalistas, APEGE (que llevó a cabo la primer
“huelga” empresaria en febrero de 1976), de donde emergió el tristemente
célebre José Antonio Alfredo Martínez de Hoz, ministro de economía de la
dictadura cívico militar.
Éste impulsó una serie de medidas
económicas de profundo carácter al que aún permanecen vigentes, como la Ley de
Entidades Financieras o las leyes de tercerización laboral que ningún gobierno
democrático burgués, desde 1983 hasta hoy, se atrevió a anular. O que incluso
algunos profundizaron en la misma dirección, como los gobiernos de Menem y De
la Rúa. Pero para llevar a cabo las medidas económicas y sociales, a costa de
los trabajadores y el pueblo, con el propósito de sortear las crisis cíclicas
del capitalismo a escala mundial y que también afectaban a nuestro país, fue
necesario implementar una metodología de shock que anulara el avance de las
fuerzas trabajadoras y populares.
Metodología que se había
inaugurado en Chile con Pinochet y que se extendió por toda Latinoamérica: la
desaparición y el asesinato de luchadores políticos y sociales, así como de
personas que no estaban directamente vinculadas a ningún tipo de organizaciones
políticas. Comenzó a aplicarse un nuevo tipo de VIOLENCIA desde la clase
dominante: EL TERRORISMO DE ESTADO. Esta práctica llegó para instalarse. No
sólo ha producido, durante la dictadura. 30.000 desaparecidos, 400 bebés
robados y miles de mutilados física y psicológicamente, sino que ha persistido
a lo largo de los 34 años de democracia burguesa. El balance de esta última,
según nos informa la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional
(CORREPI), nos muestra la friolera de 4.644 casos de asesinados por gatillo
fácil y tortura en lugares de detención, 70 asesinados en movilizaciones
populares y 200 desaparecidos.
Recordamos a Víctor Choque, María
Teresa Rodríguez, Luciano Arruga, Silvia Suppo, Carlos Fuentealba, Kosteki y
Santillán, Julio López y los cuarenta compañeros y compañeras asesinados en las
trágicas jornadas de diciembre de 2001. El último caso, de mayor resonancia,
fue la desaparición y posterior asesinato del joven Santiago Maldonado en manos
de la Gendarmería Nacional en el marco de la represión al pueblo Mapuche que
defendían su derecho a permanecer en sus tierras ancestrales, hoy vendidas a
Benetton y a Lewis entre otros.
La violencia no existe de manera
pura. Tiene un carácter de clase, ya sea que la ejerza la burguesía para
perpetuar su dominio o que la ejerza el proletariado como clase explotada para
liberarse de esa dominación. Y la violencia se ejerce en distintos ámbitos:
político, social, gremial, económico, familiar, de género, sexual, físico,
psicológico, comunicacional, etc.
Pero el elemento más determinante
es el carácter de clase. Así, entonces, a la violencia física mediante el
terrorismo de Estado se le suma la violencia ideológica y psicológica que se
ejerce a través de la diversidad de medios masivo de comunicación y de las
redes sociales y que justifica de diversos modos, con diversas justificaciones
y argumentaciones a la violencia física ejercida por la clase dominante a
través del Estado. Y justifica, además, la violencia que se ejerce sobre los
trabajadores y el pueblo cuando se le recortan derechos, se le quitan
conquistas alcanzadas, se mutilan sus ingresos, su acceso a la salud, a la educación,
en definitiva, a una vida digna. Y de esta manera la clase dominante sigue
engrosando sus riquezas a costa de la pobreza y la miseria de la inmensa
mayoría del pueblo argentino.
Se busca deslegitimar la reacción
lógica de los trabajadores y el pueblo ante tanta explotación. Se los divide.
Se los enfrenta uno con otros para minar sus fuerzas y continuar siendo débiles
frente a la violencia de arriba. Ser complacientes con esta violencia
organizada desde la clase dominante a través del Estado significa no defender
los intereses de los trabajadores y el pueblo. No son “trabajadores” quienes
integran las fuerzas represivas. Son mercenarios, sicarios, terroristas y
fieles servidores de los intereses antiobreros y antipopulares. Solo se los
podrá considerar parte de la clase obrera y el pueblo cuando sus armas apunten
hacia quienes hoy les dan la orden de reprimir. Son las mismas fuerzas
represivas que “vestidas de civil” promueven disturbios para deslegitimar las
movilizaciones populares y “justificar” la represión a las mismas. A la vez que
fomentan el miedo.
Pero así como es necesario
organizarse para defender nuestras conquistas y nuestro derecho a luchar por
una sociedad sin explotadores ni explotados, también es necesario que nos
defendamos de la represión organizada desde el Estado, y debemos hacerlo
organizadamente. Todas y cada una de las organizaciones políticas, gremiales y
sociales que se manifiestan contra el actual estado de cosas tienen también la
obligación de aportar a la defensa integral de quienes reclaman. No podemos
permitir que nos sigan matando a compañeras y compañeros o encarcelándonos por
reclamar nuestro derecho a una vida digna y a cambiar esta sociedad que se basa
en la explotación del hombre por el hombre. La lucha de clases, entonces, es
violenta. Y no debemos temerle a la violencia si la utilizamos para defendernos
hoy, y defender nuestra lucha hacia la conquista del Poder y la construcción
del Socialismo.
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